El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires promulgó la ley 2594. El proyecto del legislador porteño, Chango Farias Gómez, fija el marco jurídico del Balance de Responsabilidad Social y Ambiental (BRSA), de ahora en más obligatorio para las grandes empresas de la Ciudad de Buenos Aires.
Los indicadores comprenderán los aspectos social, ambiental y económico financieros. La información mínima que la organización deberá indicar en el BRSA será los lineamientos e indicadores desarrollados por el Instituto ETHOS (Brasil) y el estándar inglés AA 1000 – Accountability (del Institute of Social and Ethical Accountability) El Ministerio de Producción será la autoridad de aplicación de la Ley.
La sanción de la ley busca promover el compromiso de los diferentes actores sociales y parte del concepto que las empresas son un instrumento de la sociedad con un rol preponderante en la construcción del contexto social y político, y que por ello poseen una igual responsabilidad en una equitativa distribución del valor y de la riqueza que estas generan, con especial consideración de los impactos sociales y ambientales que pueda provocar. A la vez realza el rol del Estado como garante de los derechos de los ciudadanos, promotor del bienestar general, y su función de control y regulación en las distintas relaciones.
Bajo estas premisas se genera una nueva obligación de presentar el BRSA para las empresas industriales, comerciales y de servicios radicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con al menos un año de actividad, sean nacionales o extranjeras, y que además cuenten con más de TRESCIENTOS (300) trabajadores. También están obligadas aquellas empresas con una facturación que supere en el último año los valores indicados para medianas empresas en la Resolución SEPyME N° 147/06.
Por otra parte la ley abre la opción para que empresas que no están obligadas por ley a presentar el BRSA lo hagan de manera voluntaria, a cambio ofrece la posibilidad de beneficios promocionales relacionados con acceso a créditos y programas especiales, incentivos para la innovación tecnológica y otros que establezca la autoridad de aplicación por vía reglamentaria.
Los BRSA serán de presentación anual y se publicarán en un registro de libre acceso, disponible en página web del Gobierno de la Ciudad. Este es un aspecto vital de la ley basado en "derecho a la información" de los diferentes actores urbanos y la concomitante "obligación de informar" de los sectores tanto públicos como privados que son los causales de los impactos sociales y ambientales más significativos y que potencialmente pueden tener consecuencias para el conjunto de la Sociedad.
Al ser el Ministerio de Producción la autoridad de aplicación, será este el encargado de llevar adelante el registro, además de la fiscalización, difusión y arbitrio de las medidas administrativas y técnicas.
De esta forma la Ciudad se suma a la búsqueda de incentivar la promoción de comportamientos social y ambientalmente responsables y sustentables, impulsando la equidad, los cambios culturales, el desarrollo sostenible del capital social y humano y un uso más sustentable de los recursos naturales.
Este artículo fue extractado de ComunicaRSE
Los indicadores comprenderán los aspectos social, ambiental y económico financieros. La información mínima que la organización deberá indicar en el BRSA será los lineamientos e indicadores desarrollados por el Instituto ETHOS (Brasil) y el estándar inglés AA 1000 – Accountability (del Institute of Social and Ethical Accountability) El Ministerio de Producción será la autoridad de aplicación de la Ley.
La sanción de la ley busca promover el compromiso de los diferentes actores sociales y parte del concepto que las empresas son un instrumento de la sociedad con un rol preponderante en la construcción del contexto social y político, y que por ello poseen una igual responsabilidad en una equitativa distribución del valor y de la riqueza que estas generan, con especial consideración de los impactos sociales y ambientales que pueda provocar. A la vez realza el rol del Estado como garante de los derechos de los ciudadanos, promotor del bienestar general, y su función de control y regulación en las distintas relaciones.
Bajo estas premisas se genera una nueva obligación de presentar el BRSA para las empresas industriales, comerciales y de servicios radicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con al menos un año de actividad, sean nacionales o extranjeras, y que además cuenten con más de TRESCIENTOS (300) trabajadores. También están obligadas aquellas empresas con una facturación que supere en el último año los valores indicados para medianas empresas en la Resolución SEPyME N° 147/06.
Por otra parte la ley abre la opción para que empresas que no están obligadas por ley a presentar el BRSA lo hagan de manera voluntaria, a cambio ofrece la posibilidad de beneficios promocionales relacionados con acceso a créditos y programas especiales, incentivos para la innovación tecnológica y otros que establezca la autoridad de aplicación por vía reglamentaria.
Los BRSA serán de presentación anual y se publicarán en un registro de libre acceso, disponible en página web del Gobierno de la Ciudad. Este es un aspecto vital de la ley basado en "derecho a la información" de los diferentes actores urbanos y la concomitante "obligación de informar" de los sectores tanto públicos como privados que son los causales de los impactos sociales y ambientales más significativos y que potencialmente pueden tener consecuencias para el conjunto de la Sociedad.
Al ser el Ministerio de Producción la autoridad de aplicación, será este el encargado de llevar adelante el registro, además de la fiscalización, difusión y arbitrio de las medidas administrativas y técnicas.
De esta forma la Ciudad se suma a la búsqueda de incentivar la promoción de comportamientos social y ambientalmente responsables y sustentables, impulsando la equidad, los cambios culturales, el desarrollo sostenible del capital social y humano y un uso más sustentable de los recursos naturales.
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