Los invitamos a leer el siguiente artículo y aportar con su punto de vista. Podríamos cuestionarnos si se trata de un problema económico o también de conciencia?
Desde el mes de agosto del 2007, en Chile se viene debatiendo intensamente sobre la necesidad de un salario ético, es decir, el establecimiento de un salario mínimo a partir de un compromiso ético de las empresas, o bien la conveniencia de aumentar el mínimo legal, para que el país alcance niveles de mayor igualdad socioeconómica.
Monseñor Alejandro Goic, presidente de la Conferencia Episcopal chilena, ha sugerido un incremento al sueldo mínimo equivalente a un 74%, a partir de un cálculo aproximado sobre la cobertura de las necesidades mínimas para vivir en el contexto de la economía chilena.
La propuesta ha tomado por sorpresa a las diversas fuerzas del país, desde los sindicatos de trabajadores, sectores derechistas, empresariado en general y el propio gobierno, al punto que la presidenta Michelle Bachelet decidió formar una Comisión de Equidad que deberá presentar una propuesta en marzo 2008.
Monseñor Alejandro Goic, presidente de la Conferencia Episcopal chilena, ha sugerido un incremento al sueldo mínimo equivalente a un 74%, a partir de un cálculo aproximado sobre la cobertura de las necesidades mínimas para vivir en el contexto de la economía chilena.
La propuesta ha tomado por sorpresa a las diversas fuerzas del país, desde los sindicatos de trabajadores, sectores derechistas, empresariado en general y el propio gobierno, al punto que la presidenta Michelle Bachelet decidió formar una Comisión de Equidad que deberá presentar una propuesta en marzo 2008.
Algunos de la oposición han aceptado la recomendación y se han apuntado a ella, otros han preferido no opinar.
Los sectores más proclives a las leyes del mercado consideran que el único salario ético es el del mercado y presentan argumentos del tipo que con un sueldo bajo se pueden sumar más personas a la nómina de la empresa, o que los salarios impuestos por el empresariado apuntan a mejorar la competitividad empresarial y a incentivar a los mejores trabajadores, reforzando la meritocracia y el progreso de las personas más formadas. Finalmente, varios sectores empresariales traspasan esta responsabilidad al sector público, proponiendo que el Estado complemente el salario hasta llegar al mínimo propuesto o que sea la clase política en general la encargada de promover las condiciones que estimulen la creación de puestos de trabajo, el incremento de los niveles educacionales, y la flexibilidad del mercado laboral.
Por su parte, algunos sectores de las PyMEs han mostrado una gran preocupación sobre las dificultades que les supondría esta medida. También presentan la opción de que el salario mínimo se defina en cada empresa de manera proporcional a las utilidades o a las ventas.
El debate ha introducido conceptos como la ilicitud de pagar tan sólo el mínimo legal cuando el empresariado tenga la capacidad económica de retribuir al trabajador con una cantidad más elevada y de acuerdo a su productividad o también el argumento de que el sueldo se debe ajustar en función de lo que se necesita para poder llevar una vida digna.
En conclusión, se trata de un debate que va más allá de las políticas públicas limitadas al papel del estado y que también ha hecho posicionar a las empresas sobre el rol que deben tener de acuerdo con su Responsabilidad Social y a la importancia de reducir las desigualdades existentes y fortalecer el capital humano y social.
Consideramos que lo que está sucediendo en Chile nos merece interés, por el hecho de que se trata del país más desarrollado de Latinoamérica y porque al igual que el resto de los países de la región presenta elevados niveles de desigualdad.
Por su parte, algunos sectores de las PyMEs han mostrado una gran preocupación sobre las dificultades que les supondría esta medida. También presentan la opción de que el salario mínimo se defina en cada empresa de manera proporcional a las utilidades o a las ventas.
El debate ha introducido conceptos como la ilicitud de pagar tan sólo el mínimo legal cuando el empresariado tenga la capacidad económica de retribuir al trabajador con una cantidad más elevada y de acuerdo a su productividad o también el argumento de que el sueldo se debe ajustar en función de lo que se necesita para poder llevar una vida digna.
En conclusión, se trata de un debate que va más allá de las políticas públicas limitadas al papel del estado y que también ha hecho posicionar a las empresas sobre el rol que deben tener de acuerdo con su Responsabilidad Social y a la importancia de reducir las desigualdades existentes y fortalecer el capital humano y social.
Consideramos que lo que está sucediendo en Chile nos merece interés, por el hecho de que se trata del país más desarrollado de Latinoamérica y porque al igual que el resto de los países de la región presenta elevados niveles de desigualdad.
Recordemos que el salario mínimo boliviano es de Bs. 525,00
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